sábado, 24 de octubre de 2009

FREDI STORANI
C.O.N.







La Reforma Política
Desde el restablecimiento de la Democracia, la sociedad argentina en su conjunto, ciudadanos y representantes, ha demostrado su voluntad para el fortalecimiento de las instituciones sociales y políticas. Muestra de esto, fue la iniciativa gubernamental de conformar, como primer paso, el Consejo para la Consolidación de la Democracia y los proyectos posteriormente producidos en el seno del mismo. En el mismo sentido, podemos rescatar los estudios y los esfuerzos realizados por todas las fuerzas políticas con el asesoramiento de reconocidos constitucionalistas que culminaron en la Convención Constituyente y en la Reforma Constitucional en 1994.
Entre las modificaciones introducidas en nuestra Constitución Nacional no podemos dejar de mencionar el positivo reconocimiento explícito de los partidos políticos, el establecimiento de formas de democracia semidirecta como la consulta popular, la necesidad de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia o de los vetos parciales, el reconocimiento del habeas data y hasta el mismo proceso de regionalización. Pero, todas estas buenas iniciativas están todavía esperando las leyes reglamentarias para su implementación.
Paralelamente, los ciudadanos con su participación han liderado un proceso que llevó al desarrollo y al crecimiento de las organizaciones no gubernamentales fortaleciendo en la práctica el entramado de la sociedad civil y las relaciones colectivas.
De todas formas, si bien hemos avanzado en la profundización de los mecanismos y de los valores democráticos en todos los ámbitos sociales, creemos que todavía estamos lejos de los estándares que nuestra sociedad merece. Creemos que debemos encarar de forma integral el mejoramiento de la calidad de la democracia argentina y, desde nuestro punto de vista, esta no es sólo una tarea del gobierno sino que debe nacer de un amplio consenso político y social.
Todos sabemos que ha habido muchos proyectos elaborados de reformas políticas pero la mayoría de ellos han quedado frustrados en el camino. A pesar de ello, nosotros seguimos considerando a la reforma política como imprescindible. No desconocemos que si cotejamos el nivel de prioridades y de demandas sociales, éstas serían otras y mucho más vinculadas a cuestiones de tipo económico-sociales.
No podría ser de otra forma si en la última década, la sociedad argentina cambió su dinámica social como consecuencia de las transformaciones de la economía y, particularmente, del mercado de trabajo rompiendo la tendencia histórica que hacía posible el ascenso social entre generaciones. Así, se consolidó un sector social con una alta capacidad de concentración de riqueza y con niveles de consumos sin precedentes en los últimos 70 años; se deterioró la calidad de vida de los sectores medios por la reducción de sus ingresos y porque posee cada día empleos más precarios, informales e inestables. Además, se verificó un proceso de consolidación de la pobreza porque el trabajo dejó de ser el eje de integración social.
Para ilustrar este pronunciado deterioro, podemos citar que entre 1989 y 1999, el número de desocupados aumentó 746.000 a 1.833.000; los hogares con jefes desocupados ascendieron de 216.000 a 636.000 y, en el 20% más pobre de dichos hogares, el desempleo de los jefes duplica al promedio. En ese tiempo sólo se crearon 621.000 empleos privados en blanco cuando el incremento de la población económica activa (PEA) fue de 3.225.000 personas. Los trabajadores en negro, es decir sin protección legal ni seguridad social, pasaron de 2.630.000 a 4.765.000; y los desocupados mayores de 40 años, vale decir con particulares dificultades para la reinserción laboral aumentaron de 192.000 a 634.000. En este contexto, solo debemos agregar que los jóvenes que buscan empleo crecieron de 333.000 a 711.000, y que lamentablemente, son 490.000 los jóvenes que frente a esta situación no tienen opciones y no estudian, no trabajan, ni buscan empleo.
En conclusión, se inició un creciente proceso de exclusión social que derivó en que hoy más de medio millón de familias vivan en condiciones de extrema pobreza e indigencia. En consecuencia, la percepción que la gente tiene de la realidad, componente central porque condiciona su conducta futura, es negativa llevando a que 6 de cada diez argentinos cree que su estándar de vida es inferior al de sus padres y 4 de cada diez de éstos consideran que sus hijos vivirán igual o peor que ellos.
Pero, incluso en estas circunstancias, plantear la cuestión económico y social o la reforma política es una falsa dicotomía. En realidad, el hecho es que no se trata de algo incompatible con las demandas urgentes de la sociedad. Por el contrario, por ser conscientes de la gravedad de los problemas que padece la sociedad es que creemos necesario contar con instituciones políticas que tengan la capacidad para tomar decisiones que representen las opiniones de los ciudadanos, porque si el sistema político no funciona correctamente difícilmente pueda éste reducir las desigualdades sociales hoy existentes. Con esta concepción es que postulamos que la Reforma Política es una asignatura pendiente de la política con la sociedad y por ello hemos decidido llevarla adelante para que la sociedad recupere confianza y credibilidad en la política.
En la actualidad existe una crítica muy difundida de la política y, con cierta tristeza, debemos reconocer que en cualquier encuesta que se haga sobre la actividad política surge que la misma está fuertemente devaluada y cuestionada: siete de cada diez argentinos no hablan nunca o casi nunca de política con sus amigos; nueve de cada diez ya no tratan de convencer a nadie sobre temas políticos; y siete de cada diez nunca iría a una manifestación política. Este sentimiento negativo también se extiende a los actores de la política, a los políticos y a los partidos políticos pero con algunas especificidades: cuando se pregunta sobre algunos políticos individuales, muchos de ellos gozan de un alto prestigio. Es bueno que así sea. La historia argentina está plagada de ejemplos de hombres y mujeres altruistas que lucharon y que dieron prácticamente su vida para garantizar ideales de solidaridad, de igualdad de oportunidades y un conjunto de valores libertarios. Por otra parte, si bien critican a los partidos políticos, de todas formas creen siete de cada diez argentinos que sin ellos no puede haber democracia, sistema que -en igual proporción- consideran la mejor forma de gobierno.
Igualmente, debemos reconocer que existe una crítica legítima a la política y otra que sin duda no la es. La crítica ilegítima es conocida; siempre ha estado emparentada con los intentos autoritarios y es parte de nuestra propia existencia como Nación. Cada uno de nosotros recuerda los pasos previos a un golpe de Estado: primero empezaban con fuertes prédicas en contra de la política, de los partidos y de los políticos y de esta manera, el camino autoritario se les acortaba.
Debemos recordar, una vez más, que el antipoliticismo no existe. Por el contrario, es una categoría política más. Si no hace política con cierto grado de legitimidad quien el pueblo decide por su expresión soberana, la realiza cualquier otro. Desde el momento en que se lucha por el poder y se intenta establecer un proyecto de sociedad y de país desde el poder, se está haciendo política, y poco importa el nivel, si es en el ámbito estudiantil, gremial, empresarial, social y también -por supuesto- el de la lucha por el poder del Estado para imponer una dirección a un proyecto político determinado.
Afortunadamente, este pensamiento desestabilizante de la política y de las instituciones democráticas tiene un margen de maniobra muy estrecho en la Argentina.
En cambio, la crítica legítima, causa de la mayor decadencia de la consideración pública de la política podemos ubicarla en dos planos: uno, en el plano de la eficacia del sistema político y, otro, en el plano de las conductas de los actores políticos.
Con respecto al primero, tomo un ejemplo simple incluso reduccionista que muestra que se produce la misma situación que cuando una persona va a un médico: uno espera no sólo un buen diagnóstico sobre la enfermedad que padece sino también un buen tratamiento que le ayude a curarla. De forma análoga, si la sociedad advierte que si bien se ha identificado correctamente el grado de profundidad de la crisis, pero ésta permanece a lo largo del tiempo y las respuestas no aparecen, entonces, en ese momento, sin ninguna duda, comienza una pérdida de credibilidad con respecto a la eficacia y la eficiencia que tiene el sistema de partidos y la propia democracia representativa para resolver los problemas que sufre la sociedad. Se llega a esta situación por la incapacidad del gobierno para resolver los problemas que se van madurando en la sociedad y, en algunos casos, estas circunstancias pueden terminar en la pérdida de legitimidad de todo el sistema político.
El tema de la eficacia reviste perfiles delicados ya que hubo quienes en la historia más autoritaria de nuestro país utilizaron peligrosamente como sinónimos la eficacia y la legitimidad, y esto favoreció al establecimiento de aquellas experiencias. Por supuesto que ésta no es la legitimidad del sistema democrático que nosotros compartimos para calificar a un gobierno como legítimo: No sólo hace falta que se haya elegido en conformidad con las normas del régimen sino que ejerza el poder de acuerdo con estas normas que respetan determinados valores fundamentales de la vida política. De ser así, se logra un doble objetivo: la aceptación del gobierno y la obediencia de sus mandatos. Por ello, si se cuestiona el poder de un gobierno, porque su accionar cotidiano ha entrado en contradicción con las demandas de la sociedad, entra en crisis el principio de legitimidad que justifica todo el sistema.
El segundo punto tienen que ver con el reclamo social de cierta ejemplaridad en la conducta de quienes hacen y protagonizan la política. No estamos predicando un sistema elitista de caballeros templarios como modelo para la clase política pero sí podríamos cumplir aquello de predicar con el ejemplo, sobre todo, en momentos de una profunda crisis de credibilidad y confianza de la gente en la política. Incluso en estas circunstancias críticas, he escuchado a algunos colegas reclamar con cierta susceptibilidad porque señalan que con los políticos existe mayor celo en la vigilancia de sus actos que con otro tipo de actividades. Si bien es verdad que vamos a encontrar corrupción en todos las profesiones: es corrupto el abogado que se arregla con la otra parte para estafar a su propio cliente; es corrupto el médico que efectúa una mala praxis de manera casi deliberada para obtener algún rédito extraordinario; es corrupto también el arquitecto o el ingeniero que sabe que está empleando un material de segunda categoría en una construcción que luego termina en una tragedia; es corrupto el periodista que recibe un sobre por debajo de la mesa para hablar bien o mal de alguna persona. Pero es mucho peor un acto de corrupto de un político.
En primer lugar, porque tenemos la fortuna de contar con el beneficio de la confianza de la gente y ocupamos un cargo -electivo o no electivo- para manejar los asuntos de todos, la cosa pública, y es obvio que por ello tiene que haber sobre nosotros un control con mayor severidad. El hecho de ocupar un cargo público nos ubica en un lugar de mayor responsabilidad y tiene que ser aceptado por una cuestión de lógica elemental que sobre nuestros actos se ejercite un estricto control. En segundo lugar, no les crean a aquellos que dicen que hacen un sacrificio cuando actúan en política; en todo caso, hacen un esfuerzo extraordinario porque en realidad hacemos política por vocación, nadie nos obliga
Por otra parte, creemos que no alcanza solamente con las conductas individuales ejemplares porque aún siendo muy importantes, -porque ante crisis profundas de credibilidad es mayor la necesidad de generar referencias precisas-, por contribuir a atenuar la crisis, también es necesario ir buscando el establecimiento de estándares democrático como parámetros para mejorar la calidad de todo el sistema. Dentro de esos estándares, que ya han sido establecidos por las democracias representativas y altamente consolidadas, encontramos un conjunto de leyes que, genéricamente y de manera conceptual, denominamos reforma política.
La reforma política no sólo comprende un tema sino un conjunto de temas que abarcan desde: el procedimiento de selección de los candidatos en cada uno de los partidos políticos, el financiamiento de la actividad política y de las campañas, la duración de estas últimas, la revisión de los sistemas electorales, la necesidad de una justicia electoral propia y jerarquizada para tal fin, la existencia de organismos de control, entre muchos otros. Pero si hay un tema específico que toca el corazón de la credibilidad de la política es, justamente, la forma en cómo se financia la política.
En referencia al financiamiento ilegal de los partidos políticos podríamos citar, sin ánimo de eximirnos de nuestra responsabilidad, dos casos internacionales de democracias altamente consolidadas y desarrolladas: el caso alemán y el italiano, como ejemplo de las dimensiones que puede adquirir dicho fenómeno.
En el primer caso, una de las figuras que ya forma parte de la historia de la humanidad, como el ex Canciller de la República Federal Alemana, Helmut Kohl, propulsor junto con François Mitterrand de la Unidad Europea y, además, artífice de la reunificación alemana, termina su carrera política envuelto en un escándalo vinculado al financiamiento ilegal de la actividad política en su país y, particularmente, en su partido, la Unión Cristiano Demócrata -CDU-.
Dicho escándalo no sólo dañó la reputación de Kohl como artífice de la reunificación alemana y la imagen de su partido sino que dieciséis años de gobierno, 1982 a 1998, quedaron expuestos a la deshonra por haber cobrado dinero en secreto para la Unión Cristiana Demócrata por medio de cuentas bancarias paralelas radicadas en el extranjero donde recibían donaciones en efectivo que nunca eran declaradas.
Kohl, acusado por la Comisión Parlamentaria que investiga la aceptación de fondos de origen dudoso, admitió haber recibido durante los años ’90, un millón de dólares sin declararlo pero en su defensa sostuvo que dicho monto representa nada más que el 0,5% de los ingresos del CDU. La negativa del ex Canciller a dar los nombres de los donantes lo obligó a presentar la renuncia a la presidencia honoraria y vitalicia de su partido que desempeñaba desde hacía 25 años.
El segundo caso, Italia, una democracia desarrollada, quinta potencia industrial del mundo y sin embargo protagonista del proceso judicial más imponente, duradero y devastante del sistema de partidos realizado en un régimen democrático. Con el proceso conocido como Mani Pulite, en febrero de 1992, se puso fin a los doce años del gobierno del penta partido liderado por la Democracia Cristiana, sistema considerado virtualmente bloqueado porque se pensó que duraría indefinidamente y por la ausencia de oposición.
En este contexto se facilitó que el financiamiento ilegal se convirtiera en un fenómeno con características sistémicas, vale decir que abarcaba e involucraba a todo el sistema político, social y económico, con el agravante que el propio sistema político garantizaba la impunidad. Era un sistema de financiamiento donde la falsificación de los balances de los partidos políticos era la regla, luego venía el silencio y la cobertura de cualquier delito. En realidad, el financiamiento irregular disponía de un amplio consenso y de una complicidad casi unánime. No se pensaba que la corrupción política podía tener efectos subversivos en los resultados electorales, mas bien éstos se creían que podían ser tangenciales y con relación a los candidatos mas que a los partidos políticos.
El punto de inflexión que quebró el sistema se produjo cuando la corrupción se volvió intolerable al extenderse exageradamente y ser utilizada tanto en la lucha al interior de los partidos políticos como en la competencia entre ellos.
Recordemos que estamos hablando de dos naciones que figuran entre las cinco primeras potencias industriales y que por supuesto poseen democracias políticas consolidadas y que aún en estas circunstancias les es difícil controlar y limitar los delitos que se cometen con el financiamiento de la política. Si estas democracias tienen dificultades, traslademos y redimensionemos las mismas a países periféricos con sistema democráticos no consolidados como en América Latina: pensemos en el tipo de democracia que tiene Perú, Colombia -donde podríamos hablar de la existencia de un Estado dentro de otro Estado por la situación de disolución que significa el narcotráfico, o Venezuela, todos estos casos democracias débiles a las cuales se llegó luego de episodios de corrupción y del agotamiento de las estructuras tradicionales de partidos.
Por todo esto es que creemos que la asignatura pendiente de la reforma política consiste en encontrar la forma de lograr que una mayor credibilidad y confianza en la actividad política y en los actores políticos principales reconstruya un nuevo nexo de confianza y credibilidad social, que potencie, alimente y mejore la calidad del sistema en que nos toca vivir. Seguimos pensando que no es incompatible que abordemos la reforma política y que comencemos por los temas de mayor sensibilización de la opinión pública sobre la política.
Uno de estos temas es, justamente, el financiamiento de la actividad política. En este sentido, intentamos poder consensuar una ley que lo regule de una forma no excesivamente reglamentarista, porque tenemos como criterio general, no sólo en este tema, que también es necesario preservar cierta libertad y organización de las fuerzas políticas, porque un excesivo intervencionismo restringe los márgenes de libertad que debe tener un partido político para definir su organización y tomar sus decisiones estratégicas.

FEDERICO STORANI ES CO FUNDADOR JUNTO A SERGIO KARAKACHOFF DE FUTENA
OBJETIVOS DE LA FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE TEMAS NACIONALES (FUTENA)
BIOGRAFIA DEL RUSO KARAKACHOFF


LEOPOLDO MOREAU
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