domingo, 19 de septiembre de 2010


JUICIO POLÍTICO A MACRI YA!!!

A los funcionarios de Macri no les alcanza con gestionar mal los recursos públicos sino que los usan para su propio beneficio.


Declaración de la Mesa de Conducción de la UCRCapital.

Que con gran asombro hemos recibido como comunicación oficial del GCBA una invitación para participar el pasado miércoles 15 de septiembre de la inauguración de una un local partidario del PRO en el barrio de Villa Devoto, organizado por Vilma Bouza, Secretaria General del PRO en la Comuna 11.

Que la comunicación no sólo fue remitida de la dirección de correo institucional sino que también utiliza la imagen institucional y sin dudas los recursos públicos a fin de convocar, a los vecinos y militantes del PRO, a participar del evento.

Que el envío de la invitación no sólo se ha efectuado utilizando recursos públicos que están destinados a la gestión de gobierno y no a la proclamación partidaria, sino que a los efectos de reforzar la misma, se ha consignado expresamente la participación de varios funcionarios del gobierno macrista a los cuales se nombra con nombre y apellido y con el cargo que detentan, situación ésta que pone de manifiesto la impunidad con que se ha efectuado la acción. (el acto será encabezado por el Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, se informa también la asistencia del vicepresidente del PRO de la Capital Federal, Eduardo Macchiavelli Subsecretario de Atención Ciudadana, Juan Pablo Graña Director de Descentralización y Participación Ciudadana y Carlos Guzzini Director del CGPC 11).

Que lamentablemente asistimos una vez más a la utilización de fondos del Estado de la Ciudad para beneficio de los funcionarios que lo integran, que en vez de encontrarse preocupados por la gestión y los graves temas que acucian a la ciudad y a los vecinos (Educación, Salud, Seguridad, Irregularidades en Habilitaciones y Control de obras, etc.) celebran con fondos públicos la apertura de locales partidarios en las comunas 11, 2, 3, 4, 5, 6,10 y 13.

Que el art. 61 de la Constitución de la CABA prevé: “La ciudadanía tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que son canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación y su organización democrática, la representación interna de las minorías, su competencia para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión de sus ideas. La Ciudad contribuye a su sostenimiento mediante un fondo partidario permanente. Los partidos políticos destinan parte de los fondos públicos que reciben a actividades de capacitación e investigación. Deben dar a publicidad el origen y destino de sus fondos y su patrimonio. La ley establece los límites de gasto y duración de las campañas electorales. *Durante el desarrollo de éstas el gobierno se abstiene de realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto”.

Que de ningún modo los recursos del Estado son aplicables a situaciones como la mencionada precedentemente.

La Mesa de Conducción de la UCR Capital declara:

El más enérgico repudio a la utilización de los recursos públicos para proyectos políticos personales y partidarios. Que la confusión de patrimonios es una cuestión grave que merece ser denunciada y puesta de manifiesto ante los vecinos de la CABA, que son los legítimos destinatarios de esos recursos y quiénes tienen derecho a que se les rinda clara cuenta de la utilización de los mismos.


El porqué de un otra vez
Habilitaciones camufla 110 locales para recitales o boliches como “salas de fiestas privadas” y en sus filas mantiene al habilitador de Cromañón. NU dio con los inspectores que habrían ido a Beará Lounge Club la noche en que se derrumbó su entrepiso.

NoticiasUrbanas.com.ar - Del derrumbe y las muertes brotó la verdad. Ya no hay marcha atrás. Parte de la industria de la noche quedó evidenciada en la madrugada del viernes 10. Justo le pasó al gobierno que se erigió sobre las cenizas de Cromañón. Es que a raíz del mortal derrumbe en Beara Club, que costó la vida a las jóvenes Ariana Lizárraga y Leticia Provedo, se denunció que el área de Habilitaciones, que conduce Martín Farrell, camufla poco más de un centenar de negocios con el título de “salas de fiestas privadas” aprovechando que no hay norma que los regule. En tanto que el programa “Salí Seguro”, creado hace menos de un año por el Gobierno de la Ciudad, publicitó en su página web que estaba todo bien, a pesar de que, luego, el entrepiso de Beara cayó matando a dos mujeres e hiriendo a 25 personas. Mientras, el control de los inspectores en la mismísima noche de los sucesos fatales demostró su total irrelevancia para proteger vidas.
El pos-Cromañón versión PRO endureció los requisitos para otorgar la habilitación para locales clase C, o sea locales bailables, pero encontró una rendija para un negocio millonario que siempre tiene dispuestos tanto a empresarios enmascarados en turbias sociedades anónimas (Viejo Sabio SA y Complejo La Mole de hoy son similares a lo que Lagarto SA o Leven SA fueron en la gestión ibarrista) como a los nuevos Omar Emir Chabán que hacen de RR.PP., y los Callejeros de la cumbia a los que les importa sumar y sumar gente con el simple justificativo de que sólo hacen música.
Hacerse millonario
En un amparo presentado a horas del cierre de este semanario se supo que el gobierno de Mauricio Macri mantiene con la turbia cobertura de “salas de fiestas privadas” un total de 110 locales. Todos ellos, en los últimos días de la semana, son potenciales ámbitos para los lucrativos recitales y boliches. “El amparo que presentamos tiene por objeto que se declare la inconstitucionalidad de las normas generales y particulares que regulan la existencia, habilitación y funcionamiento de los locales denominados ‘salas de fiestas privadas’; en tanto la normativa existente no contiene pautas que garanticen mínimamente la seguridad de las personas que concurren a dichos lugares”, figura en la medida judicial contra el gobierno PRO a la que accedió Noticias Urbanas y que lleva la firma de José Iglesias, el abogado y padre de las víctimas de República Cromañón, y su par Beatriz Campos.
Para Iglesias, “la existencia y habilitación de las llamadas ‘salas de fiestas privadas’ se rige por una serie de normas dispersas, asistemáticas, confusas y contradictorias entre sí. Por lo que este déficit normativo provoca que los locales habilitados para funcionar como ‘salas de fiestas privadas’ lo hagan actualmente en condiciones de extrema inseguridad para los asistentes, lo que genera un riesgo permanente de lesiones y muertes”. Por ese motivo, el abogado de las víctimas de Cromañón solicitó a la jueza porteña Alejandra Petrella la “inconstitucionalidad” de las normas que regulan las llamadas salas de fiestas privadas.
Beara Club tuvo dos clausuras, y también fue la causa de un dictamen emitido el 3 de agosto de 2009 por la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), que dirige Vanesa Berkowski, en el que se aconsejó no habilitar el local como casa para fiestas privadas. El propio Javier Ibáñez, titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de la que dependen tanto el área de Habilitaciones como la de Inspección, afirmó que “Beara fue sancionada y clausurada dos veces” (en abril de 2008 y en junio de 2009). A pesar del dictamen negativo de Fiscalización y Control, el 24 de agosto de 2009 se concedió a Beara Club la habilitación para funcionar como “sala de fiestas privadas”.
La magnitud del negocio es vital para entender de qué se habla. El viernes pasado el juez Roberto Andrés Gallardo se incautó de las entradas, para un recital previsto para el sábado 11, desde la 13 hasta la 1 de la madrugada. Las entradas costaban 25, 40 y 120 pesos. Eran un total de tres festivales, con entradas diferenciadas entre menores y mayores. En el lugar, además, se vendía merchandising, CDs y las bebidas en la barra. El local podía recibir 491 personas, pero el sector vip era la trampa para sumar 140 personas más. La trampa mortal.
Los inspectores de Beara
Noticias Urbanas supo que la misma noche del derrumbe del entrepiso hubo dos inspectores de la DGFyC. Una fuente que conoce los entramados de Gobierno porteño dio los nombres de los inspectores a este medio. “Son Walter Lago y Hernán Papotti, este último no estaba asignado esa noche y fue en colaboración, ya que figura en Salud. Ellos hicieron un informe que está en poder del jefe de Nocturnidad de la DGFyC, Daniel Barbuto”, confesó un funcionario con la condición de preservar su identidad. NU comprobó que en el listado del Gobierno, publicado en su página web figuran los dos inspectores mencionados como los asistentes a la última noche de Beara. Ellos son de la camada que ingresó durante la gestión PRO. Hernán Augusto Papotti, con el número 628, y Walter Edgardo Lago, con el 651.
El jefe de Nocturnidad Barbuto aparece en guía telefónica. El domicilio que figura a su nombre está alquilado y queda a tan sólo cuatro cuadras de Beara, en pleno Palermo. A Walter Lago no fue posible ubicarlo, pero sí a Hernán Papotti, quien mantuvo una brevísima charla con este medio. A las 18.17 del miércoles, Papotti atendió en el estudio jurídico que sería de su padre, ubicado en la calle Tucumán 924, en el sexto piso. Confirmó que trabaja como inspector en el Gobierno de la Ciudad. Y cuando la siguiente pregunta fue si estuvo en la noche del derrumbe en Beara dio a entender que sí, aunque aclaró que “no es así como dicen”.
NU: –¿Entonces cómo es? Soy periodista y me gustaría saberlo.
Y se oyó un gran silencio. En el estudio de Hugo Papotti no volvió a atender nadie.
En diálogo con este medio, la titular de la DGFyC, Vanesa Berkowski, negó tener en su poder el informe que los inspectores Lago y Papotti habrían hecho esa noche. “No lo tengo. No lo vi. Sí reconozco quién es el jefe de nocturnidad pero a los inspectores no los conozco”, respondió la funcionaria porteña. Iglesias, a su vez, recibió la misma información que NU sobre la existencia de ese informe. La jueza de instrucción Alicia Iermini y el fiscal Andrés Madrea, que intervienen en la causa por el derrumbe, podrían comenzar a indagar para dar con el informe de los inspectores. Todavía la investigación no fue sobre sus propios colegas, los fiscales contravencionales. Es llamativo que mientras un juez del fuero contencioso que vive a la vuelta de Beara veía por las noches colas de gente en la puerta, ningún fiscal lo hubiera notado. Cuando las filas en las puertas de los locales indican recitales o boliches. “Pero acá hay fiscales que, como hace cinco años, no cumplieron su rol”, remató Iglesias.
Salí inseguro
Adriana Magnoli y Raúl Morales, arquitectos y padres de una víctima de Cromañón, el día anterior a la caída del entrepiso que hacía de VIP, le advirtieron al propio titular de la AGC, Javier Ibáñez, en su oficina de la calle Perón al 3000 “del alto crecimiento de fiestas privadas con una gran aglomeración de personas”. Hacía tres semanas que Ibáñez ostentaba el máximo cargo en la AGC, en reemplazo del echado Oscar Ríos, fusible que saltó luego del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, donde perdieron la vida tres hombres.
Los familiares del incendiado boliche de Once vienen fiscalizando el programa “Salí Seguro” desde que fue creado por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Durante toda la gestión PRO, los familiares hicieron incontables denuncias a los directores de la AGC que fueron pasando, desde correos electrónicos, a través de la página web Que No Se Repita, hasta telefónicamente. Durante una hora y media Ibáñez escuchó. La primera queja fue que en “Salí Seguro” “existe una gran cantidad de locales que tenían vencido el plazo para presentar el certificado anual de habilitación. Quedaban dos conclusiones: o no estaban actualizados los datos o realmente figuraban como vigentes pero no habilitados”, agregó Morales.
Con relación a las fiestas privadas, Magnoli planteó ante el funcionario que “si bien se denominan como tales, no es así, ya que se promocionan por internet, a través de listas o llamando a teléfonos anónimos. Puede ir cualquiera, con lo cual, de privadas no tienen nada. Al margen de que se cobra la entrada y que generalmente tocan bandas”. Según recordó Magnoli, Ibáñez atinó a responder que en los casos de esas fiestas no podían actuar “porque algunas se realizan en domicilios particulares y algunas son rotativas, y sin una orden de allanamiento, no pueden entrar, porque es un domicilio particular. Debería llamar un vecino para quejarse por ruidos molestos, drogas o alcohol, para poder así hacer un apercibimiento”.
El local Beara está indicado como “Regular” en www.saliseguro.gob.ar, lo que quiere decir que no tuvo clausuras por incumplimiento de medidas de seguridad ni por haber realizado actividades sin permiso en el último año. Pero los hechos posteriores demostraron que no era conveniente entrar al local. Y menos aún, permanecer en él.
http://www.ucrcapital.org.ar/noticias_detalle.php?id=5473

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