jueves, 6 de mayo de 2010

BLOG POR EL DEBATE DE IDEAS

Orden natural, valores absolutos y verdadera Democracia
Por José Pablo Feinmann*

“En general, lo que defiende siempre la derecha es el orden natural de las cosas, porque a la derecha le conviene naturalizar la historia: al naturalizar la historia es imposible cambiarla, porque está naturalizada, y el orden natural no puede ser otro. Al no poder ser otro, no se lo puede alterar. O sea, razonamiento más conservador de este no existe, por eso todos los regímenes de fuerza han venido a restaurar el orden natural de las cosas peligrosamente acechado por las ideas disolventes.

No quiero decir con esto que el Stalinismo ruso fuera de derecha, de ninguna manera, es patrimonio de la izquierda, poderosa y paradójicamente, también lo del orden natural de las cosas. Si estamos viendo que en Marx hay un orden natural de las cosas, que en Hegel lo había, hay un devenir necesario de la historia, eso es profundamente autoritario, porque si hay un devenir necesario de la historia quien salga de ese devenir natural merece el peor de los castigos, porque, bueno, no hay más que crear un punto de vista o valor absoluto para sentirse autorizado a matar al otro. Es decir, si yo creo el partido de vanguardia o la democracia liberal o el hombre nuevo o la diosa razón, la raza de señores, la tierra, la sangre: valores absolutos, desde ahí me siento con derecho a matar al que está en contra de eso, porque se opone a un absoluto. ¿Por qué el Che Guevara fusila 1500 tipos en la fortaleza de La Cabaña?

Cuando estrenamos “Cuestiones con Ernesto Che Guevara”, una obra de teatro mía, en 1988, había debates al final, una chica se levantó y dijo: “Estoy confundida, estoy en contra de la pena de muerte y cuando veo al Che, que quiero tanto, matar a mil quinientas personas no sé qué decir”. Se quedó con la confusión pero se quedó con algo en la cabeza que me parece importante. El régimen autoritario puede basarse en cualquier valor. El hombre nuevo es un valor peligrosísimo, todo aquel que se opone a mí está luchando por el hombre viejo, por una imagen del hombre que hay que superar y dejar atrás, o sea, lo tengo que dejar atrás a él, tengo derecho a tomar su vida.

Hay un texto de Engels que se llama De la autoridad, un texto de 1874, en el cual se burla de todos aquellos que atacan al concepto de autoridad. Y al final Engels dice riéndose: pero ¿han visto estos bastillazos, cañonazos, guillotinazos? Eso es una revolución para Engels. O sea, una revolución quiere decir que el que gana tiene que matar al que perdió para no perder lo que conquistó, textual. Y ahí están los extravíos de la izquierda, ahí es donde se parece tanto a la derecha que uno ya no las puede distinguir. Porque ambas echan mano a criterios autoritarios de exclusión total del otro, que llevan a matarlo.

Únicamente la democracia, no esta democracia liberal de mercado, sino la democracia que alguna vez se hará, con contenidos sociales, con contenidos humanitarios, con derechos humanos, formalmente incluye la exigencia de pensar que algo de la verdad está en el otro. Entonces, si algo de la verdad hay en el otro, yo no puedo matar al otro a riesgo de cercenarme a mí mismo. Entonces ese es el valor más alto de democracia, por eso permanece desde los griegos hasta nosotros. Lo que pasa es que se ha vaciado de contenido, se la ha malbaratado, y nosotros conocemos sólo la democracia que tenemos ahora (…)”

*En ¿Qué es la filosofía? Ed. Prometeo, Bs. As. 2005


Un déjà vu: los proyectos económicos de Yrigoyen y el Congreso
Por Mario Rapoport


Si existen en nuestro pasado gobiernos que han padecido al mismo tiempo, como el actual, el rechazo de la oposición política en el Congreso y el de los grandes medios de difusión de su época no fueron, como podría creerse, los del peronismo, que tuvieron siempre, al menos, el soporte de amplias mayorías legislativas, sino las dos administraciones radicales de Hipólito Yrigoyen.

En el año 1916, en el que Yrigoyen asumió el gobierno, sus partidarios eran minoría en diputados y senadores, mientras que en el resto de su primer mandato, 1918-1922, el líder radical logró una mayoría en la Cámara baja pero nunca la tuvo en el Senado. A su vez, en el período de su vuelta al poder, entre 1928 y 1930, le ocurrió lo mismo, salvo que a sus opositores de siempre, en especial los conservadores, se les sumaron los radicales antipersonalistas, que venían del mismo tronco político pero se transformaron en sus enemigos más acérrimos. Además, tendría en forma casi permanente la gran prensa en contra, tanto la “seria” –La Nación o La Prensa– como la “popular” –el famoso diario Crítica de Botana– en este caso sobre todo en el último período. Se dice que el pasado no explica el presente, sólo lo ilumina, pero es mejor leerlo a la luz de alguna vela que en plena oscuridad.

Decía con elocuencia el hoy poco recordado líder radical Moisés Lebensohn, prematuramente fallecido, fundador y verdadero ideólogo en los años ’40 de la rebelde intransigencia, que tuvo en su seno a figuras luego más conocidas como Frondizi y Balbín: “… el jaqueo a las reformas de Yrigoyen fue implacable. Constituyó la expresión despiadada de una clase que se aferra al statu quo y permanece insensible ante los padecimientos del pueblo y de la nacionalidad. El daño inferido al desarrollo nacional surge de la sola enunciación de los proyectos orgánicos de Yrigoyen, frustrados por la oposición legislativa” (Prólogo a Hipólito Yrigoyen: pueblo y gobierno, Raigal, 1954). Y esa enumeración era larga, iba desde los contratos colectivos de trabajo hasta salario mínimo, Código de Trabajo, jubilaciones y pensiones de empleados del comercio, la industria y el periodismo; cooperativas agrícolas; régimen de explotación del petróleo; creación de una marina mercante nacional; plan de vinculación ferroviaria entre las provincias de norte y del oeste y muchas otras. “Desde el Senado y la Cámara de Diputados, desde la prensa y la judicatura, desde las posiciones llave del mundo económico y de la ‘inteligencia’, la oligarquía le combate (a Yrigoyen) acerbamente… Nueve décimas partes del periodismo lo ataca con saña, le zahiere, le tuerce sus palabras y retuerce sus propósitos.” Expresiones que cobran relevancia en el anfiteatro actual de la política argentina.

Pero desde el punto de vista económico resulta interesante el rechazo a cuatro de sus proyectos de ley principales: la creación de un Banco de la República; la de un Banco Agrícola; la reforma del régimen tributario, en especial la implementación del impuesto a los réditos; y la imposición de derechos a la exportación. Parece que estuviéramos hablando de temas coyunturales pero no es el caso. En 1917, el ministro de Hacienda de Yrigoyen, Domingo Salaberry, propuso la conformación de un Banco de la República sobre la base de capitales estatales y la garantía por parte de la Nación de todas sus operaciones. No era el Banco Central de 1935 con mayoría de capitales privados –resultaba más parecido a la reforma que hizo Perón en 1946– aunque tenía todas las funciones de un banco de ese tipo: desde emitir moneda y hacer redescuentos hasta regular los cambios y las tasas de interés. La intención era practicar políticas contracíclicas regulando la cantidad de dinero y de crédito para que no escaseara en épocas de iliquidez ni sobrara en coyunturas de auge. Pero el Senado rechazó el proyecto y, en cambio, en 1927, ya con Alvear en la presidencia, se aprobó la reapertura de la Caja de Conversión, por la cual presionaban los intereses agroexportadores a fin de detener la revaluación del peso que se había producido debido a una reactivación coyuntural de la economía. El retorno a una tasa de cambio fija impulsaba de hecho una devaluación de nuestra moneda. Pero la medida resultó un fracaso y el propio Yrigoyen, de nuevo en el gobierno en 1928, tuvo que cerrar la Caja frente a la fuga de capitales hacia Wall Street impulsada por el auge previo a la crisis mundial que estallaría en octubre de 1929.

El mismo destino adverso para Yrigoyen tuvo en 1919 un proyecto de impuesto a los réditos. Para el Poder Ejecutivo el sistema argentino basado en los gravámenes aduaneros era deficiente y dependía en forma exclusiva de los avatares del comercio exterior. Sostenía que el nuevo impuesto resultaba el más equitativo (“la fórmula fiscal de la democracia” argüían en el debate parlamentario los diputados radicales) y se aplicaba ya en muchos países. Frente a la difícil situación financiera y el creciente déficit fiscal, su objetivo era obtener nuevos recursos evitando cualquier reducción de gastos basada en la eliminación de empleados públicos o en la disminución de las prestaciones sociales públicas, o sea, las que hoy denominamos políticas de ajuste.

El proyecto aplicaba una cuota fija progresiva sobre las personas físicas y jurídicas. La escala progresiva variaba del 0,5 por ciento para las rentas más bajas al 7 por ciento para las mayores. Las sociedades anónimas y demás comerciales y civiles tenían una tarifa especial según sus utilidades, que podría llegar hasta el 20 por ciento en aquellas que superaran el 50 por ciento de beneficios. Recién en 1931 Prebisch redactó un proyecto con el mismo propósito que el Congreso, con mayoría conservadora, antes opuesta al que presentaron los radicales, aprobó sin cuestionamientos en 1932.

También Yrigoyen presentó al Parlamento, y fue rechazado, un proyecto de creación de un Banco Agrícola cuyo objetivo era llevar “a los trabajadores del campo la posibilidad de movilizar y aprovechar sus capitales sin disminuir sus propias energías”. Estaba dirigido especialmente a los agricultores de menores recursos que no disponían de líneas de crédito accesibles. Igual suerte tuvo otro proyecto que aplicaba derechos a la exportación mediante una suma fija del 5 por ciento sobre el valor de los frutos o productos del país y del 2 por ciento sobre mercaderías de origen extranjero, sustituyendo el tan engorroso y poco productivo sistema de aforos, que se calculaban mensualmente y daban lugar a la subvaluación de los productos, por un derecho fijo fácilmente realizable. La “mesa de enlace” de esa época, expresada en las organizaciones agropecuarias, puso el grito en el cielo y la sensible mayoría conservadora en el Senado se opuso en bloque.

Frente a tanta oposición, que le impedía gobernar, Yrigoyen presentó en el Congreso, en 1921, un proyecto de ley que sometía a la Corte Suprema la posibilidad de dirimir esta cuestión basado en los términos de la misma Constitución, que permitía al Poder Ejecutivo dictar las leyes necesarias para ejercitar los poderes concedidos al gobierno de la Nación. Ese proyecto fue igualmente rechazado por la mayoría del Senado. Como señala una autora refiriéndose al impuesto a la renta: “la oposición, durante aquellos años, estuvo sistemáticamente en contra de otorgar a su adversario político mayores recursos financieros que pudieran dar autonomía a sus propuestas” (A. Montequin, en revista Ciclos N° 9, 1995). Dime qué historia te cuentan y te diré quién eres.

LA POLITICA SIN ETICA Y MORAL ES PODER BRUTO.
RICARDO ALFONSÍN

http://www.youtube.com/watch?v=PC4upZzz_A4

Hablar de política y no de los políticos
Por Daniel Wizenberg

Pasaron ya varios siglos desde que Maquiavelo, con fundamento republicano, escindió la ética de la política. Desde entonces ya empezaba a quedar claro que cada una (ética y política) recorrían carriles separados.Estudiar, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte preguntándonos qué intenciones habrá tenido o si lo que hizo fue de mal o buen tipo no es correcto. La política no se analiza desde ese lugar. La honestidad o corrupción de Napoleón corresponde a otro orden de análisis, al de lo privado, por donde no transita la Historia. El hecho político es lo único que hay, lo único relevante para juzgar en política. Todo análisis que se precie de político pero indague sobre, por ejemplo, los bienes y la riqueza que obtuvo, los móviles de sus acciones, la cantidad de mujeres que desposó o la forma en la que trataba a sus soldados es un análisis ético, legítimo, pero no político.

Asícomo a un científico se lo juzga desde la ciencia y a un veterinario desde la veterinaria: a un político se lo juzgadesde la política. ¿Qué pasa si pensamos, por ejemplo, a Arturo Illia desde esa lógica?Una excelente persona, con principios morales claros, admirables, pero que en el terreno de la política careció de capacidad de construir poder, de estrategia para incidir en la correlación de fuerzas. Si la Historia guarda para Illia un buen lugar no es porque era un buen tipo sino porque supo hacer salir la Ley de Medicamentos o mantener el salario mínimo. Y si no le guardaun gran lugar es porqueno quitó la proscripción electoral al peronismo o no tuvo la capacidad de erigir poder político. Si era mala o buena persona no importa para la Historia, porque no es relevante para la política. Del mismo modo, la Historia reserva un lugar en el podio de los más despreciables para Menem no porque fue el más corrupto (eso es quizás una, importante, nota al pie) sino porque desmanteló el aparato productivo Nacional, extranjerizo el Estado y vendió el país.

La corrupción es un mal y es necesario erradicarla de cuajo: culturalmente e indagando enuna verdadera ética pública. Incluso hay que denunciar a la mala gente, la búsqueda política que emprendemos es de alguna manera, como lo expresó J.P Feinmann, la de la victoria de las buenas personas. Pero es clave diferenciar lo importante de lo determinante, cuando se habla de política la corrupción es importante pero lo determinante pasa por la política misma. ¿Acaso importa saber si Videla era un tipo generoso o qué fue lo que impulsó a ser un genocida? Del mismo modo tampoco importa saber qué impulsó a los Kirchner para que apoyen la Ley de Medios. Sino que lo relevante es el hecho en si mismo, en el primer caso que fue un genocida y en el segundo la Ley de Medios en si misma por lo que significa para la democracia.

Atravesamos una era signada por los medios de comunicación y una época en la que el gobierno afecta los intereses de los grandes monopolios mediáticos. En el marco de la contra-ofensiva mediática existe una marcada estrategia: instalar la idea y la sensación de que Kirchner y Cristina sonmalos y que se rodean de tipos oscuros y perversos (D´Elía, Moreno, De Vido, Jaime, etc.) conformando un gobierno “más corrupto que el de Menem” como le dijo hace un tiempo Ernesto Tenembaum a Agustín Rossi. Partiendo de ese lugar dirigentes opositores como Solanas o Cobos buscan diferenciarse mostrándose como la alternativa honesta, tratando de satisfacer la eternademanda de la clase media de “alguien nuevo y cristalino”. Es una demanda mesiánica: se aguarda por el arribo de un político impoluto que no despierte conflictos y no tenga amigos turbios ni acuerdos con nadie sospechado de serlo. Pero los mesías no vendrán y sólo seguirán apareciendo falsos profetas. Porque la política como ámbito de choque de diversos intereses, como correlación de fuerzas es barro. Y hasta el más intachable de los hombres para trazar el bien común donde se yuxtapone un interés particular tiene que construir poder y para eso a veces, le pese a quien le pese, tiene que bancarse tener al lado, al menos por un tiempo, a alguno de los malos. Esto no quiere decir que el fin justifique los medios, Maquiavelo bien se ocupó de aclarar que “hay medios que pueden proporcionar poder, pero no la gloria”.

Al mismo tiempo en esta época mediatizada el rol político del periodismo quedó al descubierto. Las entrevistas periodisticas ya no son entrevistas sino discusiones o charlas (según el caso) de referentes del oficialismo o de la oposición.El periodismo está en crisis porque la encrucijada entre la ideología del periodista y la del empresario dueño del medio se hace evidente y porque hay intereses materiales que le impiden a muchos cruzar la línea entre opinión hegemónica y opinión propia, que es la misma entre (mientras la Ley de Medios no se reglamente y haya una verdadera pluralidad) seguir trabajando o quedar en la calle. En este contexto, lo que está en duda es el rol del periodismo y cómo la opinión pública es construida a partir de la homogeneidad de los diferentes monopolios mediáticos, que inyectan su interés particular a lo que hacen aparecer como de interés general y no la biografía de Magdalena Ruiz Guiñazu, por caso. No importa si Morales Solá es (y/o fue) malo u Orlando Barone bueno sino que lo verdaderamente importante es dejar en claro qué intereses motorizan y defienden las cosas que dicen o hacen, rastreando cuan lejos o cerca está eso del verdadero interés común.

No trato de justificar a nadie ni de retrotraernos a la vieja zoncera del roba pero hace sino de expresar que si las nuevas generaciones queremos reivindicar la política, tenemos que hablar de política. Y dejar de hablar de los políticos

Los disidentes en Cuba
Por Atilio Borón

El debate en torno a los “disidentes cubanos” adquiere cada vez mayor intensidad.

La “prensa libre” de Europa y las Américas –esa que mintió descaradamente al decir que existían armas de destrucción masiva en Iraq o que calificó de “interinato” al régimen golpista de Micheletti en Honduras- ha redoblado su feroz campaña en contra de Cuba. Se impone, por lo tanto, distinguir entre la razón de fondo y el pretexto. La primera, y que establece el marco global de esta campaña, es la contraofensiva imperial desencadenada desde los finales de la Administración Bush y cuyo ejemplo más rotundo fue la reactivación y movilización de la IV Flota. Contra los pronósticos de algunos ilusos esta política, dictada por el complejo militar-industrial, no sólo se continuó sino que se profundizó mediante el reciente tratado firmado por Obama y Uribe mediante el cual se concede a los Estados Unidos el uso de por lo menos siete bases militares en territorio colombiano, inmunidad diplomática para todo el personal estadounidense afectado a sus operaciones, licencia para introducir o sacar del país cualquier clase de cargamento sin que las autoridades del país anfitrión puedan siquiera tomar nota de lo que entra o sale y el derecho de los expedicionarios norteamericanos a ingresar o salir de Colombia con cualquier carnet que acredite su identidad. Como si lo anterior fuera poco, la política de Washington reconociendo la “legalidad y legitimidad” del golpe de estado de Honduras y las fraudulentas elecciones subsecuentes es una muestra más de la perversa continuidad que liga las políticas implementadas por la Casa Blanca, con independencia del color de la piel de su principal ocupante. Y en esa contraofensiva general del imperio, el ataque y la desestabilización de Cuba juega un papel de gran importancia.

Estas son las razones de fondo. Pero el pretexto para este relanzamiento fue el fatal desenlace de la huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo, potenciado ahora por idéntica acción iniciada por otro “disidente”, Guillermo Fariñas Hernández y que será seguida, sin duda, por las de otros partícipes y cómplices de esta agresión. Como es bien sabido, Zapata Tamayo fue (y sigue siendo) presentado por esos “medios de desinformación de masas-como adecuadamente los calificara Noam Chomsky- como un “disidente político” cuando en realidad era un preso común que fue reclutado por los enemigos de la revolución y utilizado inescrupulosamente como un mero instrumento sus proyectos subversivos. El caso de Fariñas Hernández no es igual, pero aún así guarda algunas similitudes y profundiza una discusión que es imprescindible dar con toda seriedad.

Es preciso recordar que estos ataques tienen una larga historia. Comienzan desde el triunfo mismo de la revolución pero, como política oficial y formal del gobierno de Estados Unidos se inician el 17 de Marzo de 1960 cuando el Consejo de Seguridad Nacional aprueba el “Programa de Acción Encubierta” contra Cuba propuesto por el entonces Director de la CIA, Allen Dulles. Parcialmente desclasificado en 1991, ese programa identificaba cuatro cursos principales de acción, siendo los dos primeros “la creación de la oposición” y el lanzamiento de una “poderosa ofensiva de propaganda” para robustecerla y hacerla creíble. Más claro imposible. Tras el estruendoso fracaso de estos planes George W. Bush crea, dentro del propio Departamento de Estado, una comisión especial para promover el “cambio de régimen” en Cuba, eufemismo utilizado para evitar decir “promover la contrarrevolución”. Cuba tiene el dudoso privilegio de ser el único país del mundo para el cual el Departamento de Estado ha elaborado un proyecto de este tipo, ratificando de este modo la vigencia de la enfermiza obsesión yankee por anexarse a la isla y, por otro lado, lo acertado que estaba José Martí cuando alertó a nuestros pueblos sobre los peligros del expansionismo norteamericano. El primer informe de esa comisión, publicado en 2004, tenía 458 páginas y allí se explicitaba con gran minuciosidad todo lo que se debía hacer para introducir una democracia liberal, respetar los derechos humanos y establecer una economía de mercado en Cuba. Para viabilizar este plan se asignaban 59 millones de dólares por año (más allá de los que se destinarían por vías encubiertas), de los cuales 36 millones estarían destinados, según la propuesta, a fomentar y financiar las actividades de los “disidentes”. Para resumir, lo que la prensa presenta como una noble y patriótica disidencia interna parecería más bien ser la metódica aplicación del proyecto imperial diseñado para cumplir el viejo sueño de la derecha norteamericana de apoderarse definitivamente de Cuba.

Dicho lo anterior se impone una precisión conceptual. No es casual que la prensa del sistema hable con extraordinaria ligereza acerca de los “disidentes políticos” encarcelados en Cuba. Pero, ¿son “disidentes políticos” o son otra cosa? Sería difícil de decir que todos, pero con toda seguridad la mayoría de quienes están en prisión no se encuentran allí por ser disidentes políticos sino por una caracterización mucho más grave: “traidores a la patria.” Veamos esto en detalle. En el célebre Diccionario de Política de Norberto Bobbio el politólogo Leonardo Morlino define al disenso como “cualquier forma de desacuerdo sin organización estable y, por tanto, no institucionalizada, que no pretende sustituir al gobierno en funciones por otro, y tanto menos derribar el sistema político vigente. El disenso se expresa sólo en el exhortar, persuadir, criticar, hacer presión, siempre con medios no violentos para inducir a los decision-makers a preferir ciertas opciones en lugar de otras o a modificar precedentes decisiones o directivas políticas. El disenso nunca pone en discusión la legitimidad o las reglas fundamentales que fundan la comunidad política sino sólo normas o decisiones bastante específicas.” (pp. 567-568) Más adelante señala que existe un umbral el que, una vez traspasado, convierte al disenso, y a los disidentes, en otra cosa. “El umbral es cruzado cuando se ponen en duda la legitimidad del sistema y sus reglas del juego, y se hace uso de la violencia: o cuando se incurre en la desobediencia intencional a una norma; o, por fin, cuando el desacuerdo se institucionaliza en oposición, que puede tener entre sus fines también el de derrumbar el sistema.” (p. 569) En la extinta Unión Soviética dos de los más notables disidentes políticos, y cuyo accionar se ajusta a la definición arriba planteada, fueron el físico Andrei Sakharov y el escritor Alexander Isayevich Solzhenitsyn; Rudolf Bahro lo fue en la República Democrática Alemana; Karel Kosik, en la antigua Checoslovaquia; en los Estados Unidos sobresalió, al promediar el siglo pasado, Martin Luther King; y en el Israel de nuestros días Mordekai Wanunu. científico nuclear que reveló la existencia del arsenal atómico en ese país y por lo cual se lo condenó a 18 años de cárcel sin que la “prensa libre” tomara nota del asunto.

La disidencia cubana, a diferencia de lo ocurrido con Sakharov, Solzhenitsyn, Bahro, Kosik, King y Wanunu, se encuadra en otra figura jurídica porque su propósito es subvertir el orden constitucional y derribar al sistema. Además, y este es el dato esencial, pretende hacerlo poniéndose al servicio de una potencia enemiga, Estados Unidos, que hace cincuenta años agrede por todos los medios imaginables a Cuba con un bloqueo integral (económico, financiero, tecnológico, comercial, informático), con permanentes agresiones y ataques de diverso tipo y con una legislación migratoria exclusivamente desarrollada (la “Ley de Ajuste Cubano”) para la isla y que estimula la migración ilegal a Estados Unidos poniendo en peligro la vida de quienes quieren acogerse a sus beneficios. Mientras Washington levanta un nuevo muro de la infamia en su frontera con México para detener el ingreso de inmigrantes mexicanos y a los procedentes de Centroamérica, concede todos los beneficios imaginables a quienes, viniendo de Cuba, pongan pie en su territorio. Quienes reciben dinero, asesoría, consejos, orientaciones de un país objetivamente enemigo de su patria y actúan en congruencia con su aspiración de precipitar un “cambio de régimen” que ponga fin a la revolución, ¿pueden ser considerados “disidentes políticos”?

Para responder olvidémonos por un momento de las leyes cubanas y veamos lo que establece la legislación en otros países. La Constitución de Estados Unidos fija en su Artículo III, Sección 3 que “El delito de traición contra los Estados Unidos consistirá solamente en tomar las armas contra ellos o en unirse a sus enemigos, dándoles ayuda y facilidades.” La sanción que merece este delito quedó en manos del Congreso; en 1953 Julius y Ethel Rosenberg fueron ejecutados en la silla eléctrica acusados de traición a la patria por haberse supuestamente “unido a sus enemigos” revelando los secretos de la fabricación de la bomba atómica a la Unión Soviética. En el caso de Chile, el Código Penal de ese país establece en su Artículo 106 que “Todo el que dentro del territorio de la República conspirare contra su seguridad exterior para inducir a una potencia extranjera a hacer la guerra a Chile, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Si se han seguido hostilidades bélicas la pena podrá elevarse hasta la de muerte.” En México, país que ha sido víctima de una larga historia de intervencionismo norteamericano en sus asuntos internos, el Código Penal califica en su artículo 123 como delitos de traición a la patria una amplia gama de situaciones como realizar “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México; reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con en fin de realizar algunos de los actos señalados en este artículo; acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional.” La penalidad prevista por la comisión de estos delitos es, según las circunstancias, de cinco a cuarenta años de prisión. La legislación argentina establece en el artículo 214 de su Código Penal que “Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro.”

No es necesario proseguir con esta somera revisión de la legislación comparada para comprender que lo que la “prensa libre” denomina disidencia es lo que en cualquier país del mundo -comenzando por Estados Unidos, el gran promotor, organizador y financista de la campaña anticubana- sería caratulado lisa y llanamente como traición a la patria, y ninguno de los acusados jamás sería considerado como un “disidente político.” En el caso de los cubanos, la gran mayoría de los llamados disidentes (si no todos) están incursos en ese delito al unirse a una potencia extranjera que está en abierta hostilidad contra la nación cubana y recibir de sus representantes -diplomáticos o no- dinero y toda suerte de apoyos logísticos para, como señala la legislación mexicana, “afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional.” Dicho en otras palabras, para destruir el nuevo orden social, económico y político creado por la revolución. No sería otra la caracterización que adoptaría Washington para juzgar a un grupo de sus ciudadanos que estuviera recibiendo recursos de una potencia extranjera que durante medio siglo hubiese acosado a los Estados Unidos con el mandato de subvertir el orden constitucional. Ninguno de los genuinos disidentes arriba mencionados incurrieron en sus países en tamaña infamia. Fueron implacables críticos de sus gobiernos, pero jamás se pusieron al servicio de un estado extranjero que ambicionaba oprimir a su patria. Eran disidentes, no traidores.

FUENTE: NOTAS DE FACEBOOK DEL CLUB DE LA POLÍTICA

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