lunes, 7 de diciembre de 2009

POLÍTICA SOCIAL EN LA RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA
ALDO NERI
El contexto económico y político en que se desarrollaba la realidad social argentina a lo largo de la década de los ’80 era particularmente riguroso:
crisis de la deuda externa de los países periféricos, pobre valor de las exportaciones, falta de crecimiento, enorme déficit fiscal heredado de la dictadura, pugna distributiva creciente, inflación, tensión corporativa militar por los juicios por derechos humanos y por los drásticos recortes presupuestarios, una oposición política cuyo ariete era el sindicalismo,intranquilidad del empresariado, eran todos elementos que ponían dudas sobre la estabilidad de la institucionalidad recuperada.
Lo ominoso del cuadro estaba en parte compensado, principalmente al principio del gobierno democrático, por la sana alegría pública que trajo el regreso de la libertad y el estado de derecho. Pero pronto hubo voces que le reprochaban al Presidente sus discursos de campaña, donde afirmaba que con la democracia también se come, se educa y se cura. Pero la verdad es que el entonces candidato tenía razón, y la política social de su gobierno, con sus éxitos y sus fracasos, hizo honor a esa razón.
La realidad mostraba el deterioro progresivo que la situación social venía experimentando desde los años ’70: incipiente precarización del empleo,mayor cuentapropismo, caída en la participación del salario en el ingreso nacional -aunque en ningún año el desempleo abierto superara los 8 puntos-, cifras crecientes de analfabetismo funcional, mayor desnutrición infantil, deterioro de los servicios de salud del estado y expansión de la medicina de mercado, muy alto precio y gasto irracional en medicamentos, para citar algunos campos relevantes.
Para probar que con la democracia se educa fueron el exitoso programa de alfabetización de adultos y la convocatoria a un Congreso Pedagógico Nacional que reencauzara una educación avasallada por largos años de autoritarismo y atropello. Para mostrar que se cura fueron iniciativas como el proyecto de ley de Seguro Nacional de Salud, que aspiraba a servicios universales e igualitarios, fuertemente resistido por la dirigencia sindical peronista durante 3 años y finalmente aprobado en versión mutilada al final del gobierno. Para convencer que también se come nació el Programa Alimentario Nacional, concebido como una estrategia de desarrollo social integral -incluyendo vínculos con el sistema educativo para combatir la deserción escolar, con el sanitario para controles en salud, iniciativas de organización comunitaria en áreas como compras colectivas, agua potable domiciliaria y vivienda-, apoyada en un componente de refuerzo alimentario familiar pensado para ser disminuido al ritmo que lo permitieran las condiciones económico-sociales. El PAN alcanzó una cobertura de alrededor de 5 millones de personas, 15% de la población argentina, que las estimaciones de la época identificaban como la de mayor vulnerabilidad.
El campo del medicamento, con mucha historia radical, mereció especial atención. A prácticas corruptas en la aprobación de nuevas especialidades medicinales, se sumaban una importante sobrefacturación de importaciones, y un mercado de marcas y precios sobredimensionados, todo lo cual dificultaba el acceso al medicamento de los sectores más humildes, inflando el gasto no solo sin beneficio sino con perjuicio social.
Una comisión interministerial encaró la contención de precios, la eliminación de la sobrefacturación, la regulación en la incorporación de nuevos productos en base a justificación científica, la promulgación del primer Formulario Terapéutico oficial de drogas seguras, y las conversaciones para acuerdos productivos con México y Brasil, que consolidaran un sano desarrollo industrial latinoamericano en el sector.
A ello se agregó un Fondo de Asistencia en Medicamentos, como programa de emergencia, mediante el cual el gobierno nacional proveía remedios básicos a los servicios asistenciales de las provincias y municipios.
La inspiración global de la política social era universalista e igualadora de oportunidades de acceso a los bienes básicos para una vida digna. Esto era bien visible en educación y salud. Respecto a la distribución del ingreso monetario entre las familias, se tendía a pensar que la recuperación de la economía, con una adecuada política de ingresos e impositiva serían la llave para atenuar desigualdades y erradicar la pobreza. Sólo más tarde se empezó a percibir que, en realidad, los años ’70 y ´80 habían traído cambios estructurales en la economía mundial y en los mercados de trabajo, y que las estrategias del anterior modelo de estado de bienestar no garantizaban los resultados sociales buscados.
La epidemia de fundamentalismo neoliberal, que ya inundaba buena parte de América Latina, fue resistida por las políticas económica y social del gobierno radical de los ’80, en un contexto de graves restricciones económicas y tensiones políticas, pero adquiere su carta de ciudadanía local con el gobierno peronista que lo reemplaza a lo largo de todos los años ´90.
En el campo de las políticas sociales directas ello implicó descartar la orientación universalista, a través de políticas que, por ejemplo, avanzaron en el proceso de descentralización de los servicios educativos y hospitalarios a las provincias sin contrapartida de recursos suficientes, con lo cual se profundizó su anarquía y desigualdad, así como una tendencia privatizadora en los sectores sociales medios y acomodados. Asimismo, llevó a producir una reforma del sistema jubilatorio que arrasaba con sus ya precarias bases solidarias, generando por añadidura un cuantioso déficit fiscal, precio de la creación del sistema privado de capitalización individual.
En materia de programas de asistencia social se privilegió el criterio de los organismos internacionales de crédito, de focalizar rigurosamente el gasto en los pobres, entendido como emergencia a ser superada por el derrame de beneficios generado por un exitoso funcionamiento del mercado. Se descartaba así toda orientación socialmente integradora, favoreciendo la cristalización de dos universos sociales cada vez más incomunicados.
Lo esencial de estas políticas sociales no fue modificado por el gobierno de la Alianza que siguió, que no atina tampoco a reorientar las económicas,con lo cual, y con el agravante de un contexto desfavorable, las distorsiones acumuladas sobre el régimen de convertibilidad estallan induciendo en el 2001-2oo2 la crisis más profunda vivida por la sociedad argentina en un siglo. La gestión inicial de esa crisis por el gobierno del presidente Duhalde y el Congreso busca paliar sus peores efectos sociales a través de medidas como el programa de Jefes de Hogar que llegó a 2millones de familias pobres, iniciativa coyunturalmente adecuada, más allá de sus distorsiones, ante el derrumbe de los niveles de empleo y el crecimiento imparable de la pobreza.
El gobierno que sigue y el país todo se benefician de la espectacular expansión que la economía mundial experimenta por más de un quinquenio, permitiendo la recuperación, por lo menos a los niveles precrisis, de los indicadores de empleo y pobreza. No así los vinculados a la desigualdad, ya sea expresada en distribución del ingreso o a las oportunidades de acceso a los bienes y servicios básicos para una vida digna, que muestran una tendencia sostenida a empeorar a lo largo de varias décadas. Contemporáneamente, para ejemplificar, el 20% de la población con mejor ingreso capta el 50% del ingreso nacional, en tanto que el 20% de los que menos ingreso tienen recibe sólo el 4%. Entre otros fenómenos, ello está mostrando la muy desigual capacidad de los distintos sectores sociales para la apropiación de los beneficios de la recuperación y mayor productividad de la economía, no corregida por adecuadas políticas públicas.
Lo descripto muestra un cambio no coyuntural sino estructural en la sociedad argentina, que se corresponde con lo que en otras latitudes se estudia bajo el nombre de “la nueva cuestión social”, expresado entre otros aspectos por la pérdida de hegemonía del mercado tradicional de trabajo formal asalariado, a la par de cambios en la estructura familiar y debilitamiento de la cohesión social, con tendencia al aislamiento de los sectores sociales entre si y violencia.
Los dos últimos gobiernos se afirman en no reconocer el cambio estructural y confiar equivocadamente en que la recuperación, a través del pleno empleo blanqueado y con buenos salarios, restaurará las condiciones socioeconómicas que caracterizaron a las décadas de los años ’50 y ’60.
Ello lleva a cristalizar a través de la política económica y social una sociedad fracturada, dual, con sombrío pronóstico en la sustentabilidad de su economía y en la calidad de su democracia.
El desafío de la democracia argentina hoy en el campo de la política social,ante el agravamiento del problema distributivo, es, por lo pronto, recuperar los frustrados objetivos que la inspiraron en los ’80, fundamentalmente hacia una universalidad igualadora en los servicios educativos y de salud.
Tal concepción de derechos sociales debe a esta altura de los tiempos extenderse a un modelo de prestaciones económicas básicas de la Seguridad Social, universales e iguales, en beneficio de la niñez, las embarazadas y los mayores. Lo cual tiene que articularse con cambios en el régimen impositivo que incrementen su progresividad. Ello implica entender que en el mundo moderno es necesario garantizar un piso de protección social fundado en la condición de ciudadanía y no en la laboral,así como ir erradicando paulatinamente los programas puramente asistenciales que, más allá de su justificación en las coyunturas críticas, se pervierten por la discriminación y el clientelismo.
Pero hay mucho más en el mundo de las políticas públicas que modela el resultado social y que es, en definitiva, también política social. Argentina necesita revisar la estructura de subsidios estatales que, en muchos casos,benefician a los que están mejor en detrimento de los que están peor y sin voz para reclamar. Así como es indispensable evaluar las prioridades en los proyectos de inversión pública o de incentivo a la privada, también en función de su impacto redistributivo y en la calidad de vida de las mayorías. Por otra parte, las inequidades regionales que nos hacen un país tan asimétrico, deben ser paulatinamente corregidas con un federalismo que supere la retórica avanzando en una auténtica reforma del estado, cuya punta de lanza es una siempre postergada revisión de la coparticipación federal impositiva.
La democracia es, en su esencia, un modelo de distribución equilibrada del poder en la sociedad. Para ello no bastan los tres poderes formales y el voto. Grados profundos de desigualdad la transforman en una ficción deapariencias. Una mayor equidad distributiva, en la prosperidad o en la penuria, la consolida. Para esa democracia con sentido social debe trabajar el sistema político argentino en esta etapa. No empieza de la nada, las piedras fundacionales se pusieron en el 83.

fuente: http://www.argentinahola.com.ar/doc/neri.pdf

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